Publicado en la edición impresa de Revista Ideele n°246 - diciembre 2014
Los límites de la democracia representativa se vienen discutiendo en occidente prácticamente desde su nacimiento, y nuestro país no solamente es un buen exponente de las carencias y distorsiones a la que esta puede llegar, sino que es cuna de silencios y discusiones abandonadas a punta de cacha policial.
Ni que hablar de las pretensiones de democracia directa que practican muchas comunidades en el interior de nuestro territorio, o siquiera las discusiones y divergencias sobre un proyecto país propio que se encuentran prácticamente prohibidas por poner en tela de juicio una serie de dogmas constituidos o reforzados durante la dictadura fujimorista.
Quizá el más robusto de todos estos sea el dogma de la inversión privada como portador de todas las virtudes.
El gobierno Humala es un abanderado elocuente de este contexto, pero además ha demostrado que se puede aportar a profundizar sus contradicciones en una suerte de democracia post - mortem en la que vivimos desde hace varios años. Es decir, un modelo de democracia en la que los diálogos inician a partir de la contabilización de asesinatos a civiles en las luchas por la defensa de sus territorios.
Es útil hacer un pequeño recorrido por los acontecimientos que han marcado la actualidad de los últimos meses para que cada uno pueda sacar una radiografía personal al respecto.
Historia reciente
Durante el 2011, la cifra final que dejaba el gobierno Garcia de 191 muertos en movilizaciones sociales planteaba algún tipo necesario de reconciliación del Estado con la ciudadanía que parecía venir de la mano de la Ley de Consulta Previa que emitiera el actual gobierno por agosto de ese año. La luna de miel duró bastante poco y las luchas y resistencias contra el proyecto Conga retomarían la oleada represiva.
Desde ese entonces, hasta ahora la gestión Humala ha “contribuido” con alrededor de 43 muertes más en manifestaciones democráticas y tal como van las cosas parece que esta cifra continuará aumentando gracias a normas de impunidad policial como el DL 1095 y la Ley 30151 en un año donde la recesión económica ya se ha manifestado en cifras oficiales aunque no haya pronunciamientos al respecto desde palacio.
Pero, si por un lado los años anteriores se fueron marcando por el auge del precio de los minerales, los hidrocarburos y los megaproyectos que facilitaban ingresos a las arcas del Estado, el 2014 representa un quiebre, quizás definitivo, en la economía nacional y en el contexto diplomático internacional. Por un lado, es evidente que el tiempo de las vacas gordas ya pasó y, por el otro, los ojos del mundo están puestos sobre el Perú por ser la sede y la presidencia de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático – COP20. Este último será el evento más grande e importante de nuestra historia.
Es decir, hay dos escenarios que parecen confrontarse: la necesidad del gobierno de reactivar la economía y, el otro, mejorar los estándares sociales y ambientales de protección de nuestros territorios. Considerando que según el Tyndall Centre for Climate Change Research del Reino Unido, nuestro país será el tercero después de Bangladesh y Honduras en ser de los más impactados frente al cambio climático. Estos temas no son poca cosa y deberían ser tratados con la misma importancia. Especialmente cuando la CEPAL ya anunció que los países latinoamericanos perderán en los próximos años al menos un 1,5% anual de su PBI a consecuencia del Cambio Climático.
Es aquí donde en lugar de visualizar opciones intermedias o plantear diálogos amplios, el gobierno decide, para variar, ver en blanco y negro y opta por buscar la reactivación económica negando en la práctica la importancia del medio ambiente, los territorios e incluso el respeto a la propiedad privada y comunal a favor del mencionado dogma de la inversión.
LA MANO INVISIBLE GOLPEA FUERTE
El primer paquetazo ambiental, como se le conoce a la Ley 30230 del 12 de julio de este año, sienta un precedente en la gestión del territorio desde el Estado, el cual hasta ese entonces procuraba por diversos medios reducir los pocos estándares medio ambientales y cambiar decidiendo arremeter directamente y en bloque, planteando una serie de recortes a la regulación de las inversiones por parte del Estado y en particular desde el órgano rector de la gestión ambiental, el MINAM. Retirándole y recortando facultades en puntos claves de sus funciones ministeriales como en materia de creación de áreas naturales protegidas, alrededor del ordenamiento territorial y sobre los estándares de calidad ambiental, para trasladar esas competencias al difuso, conflictivo y sobre todo, teñido de intereses políticos y empresariales, Consejo de Ministros.
Pero ya que difícilmente estos elementos cumplen el propósito expreso de dinamizar la economía, semanas después de este primer paquetazo, las medidas de activación económica se han seguido dando: el 16 de agosto se conformó la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas con la tarea explícita de facilitar las inversiones en este sector y reducir aún más los estándares ambientales, también denominados peyorativamente “tramitología”.
Un segundo paquete de medidas emitidas en la quincena de setiembre último se dieron en materia tributaria. Se faculta a entidades del Gobierno a ejecutar proyectos de inversión y se modifica la ley de eliminación de sobrecostos en la provisión de obras publicas de infraestructura y servicios públicos entre otras medidas tributarias.
El tercer paquetazo continúa las medidas anteriores modificando el Regimen General de Impuesto a la Renta, modificando la ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Aunque quizá el elemento más trascendente sea la incorporación de entidades del gobierno nacional en los alcances de la ley 29230 para promover las alianzas público-privadas, es decir infraestructura hecha por el Estado y todos nuestros bolsillos para su privatización y lucro por parte de las empresas.
Finalmente, en estos últimos días el Ministerio de Economía terminó el diseño de lo que será el cuarto paquetazo ambiental con el que parecería terminar el ciclo 2014 de arremetidas contra el medio ambiente. En el mismo se plantean medidas de simplificación administrativa sobre los Estudios de Impacto Aambiental, así como la reducción de los plazos de revisión de los mismos que podían llegar a 3 años a solamente 150 días hábiles sancionando a los funcionarios que “obstaculicen la inversión”; es decir, presionándolos para estar a favor de los proyectos a pesar de no tener el tiempo suficiente para verificar los complejos y amplísimos documentos que los fundamentan.
LO QUE SE VIENE
Considerando que, durante los últimos años, alrededor del 70% de los denominados conflictos sociales que mapea mensualmente la Defensoría del Pueblo se encuentran registrados como conflictos socio-ambientales, no es difícil imaginar que esta multiplicidad de paquetes de normas, emitidas a discreción y sin ningún tipo de diálogo democrático con la sociedad, dibuja nubes cargadas de problemas en la economía y política de los próximos meses. Es muy probable que sean un detonante de nuevas luchas tanto para imponer el modelo de gestión del territorio donde el capital mande autoritariamente las relaciones sociales sobre el mismo, así como su confrontación directa con la administración histórica que le dan nuestros pueblos a la naturaleza en su conjunto.
Nuestra democracia post-mortem hoy plantea ya no solo la impunidad de muertes humanas y criminalización masiva de la protesta social, sino la posibilidad de masacres de ecosistemas completos en nombre de la incuestionable inversión privada. No será extraño que luego del desastre se propongan las mesas de diálogo necesarias para repartir las migajas de “lo posible” entre las víctimas; es decir, entre todos nosotros
Y esto a solo unos días de recibir a delegaciones y mandatarios de 195 países del mundo para discutir las medidas, compromisos y acuerdos globales necesarios para detener el Fenómeno del Cambio Climático que amenaza de forma concreta la vida en la tierra.
