Antonio Zambrano Allende
Publicado en http://mocicc.org/index.php/noticias/156
Pocos años han sido tan relevantes como este para la celebración del 22
de abril, el Día de la Tierra. Nos encontramos en un contexto donde se
llevan a cabo trascendentales y decisivos debates mundiales sobre el
acuerdo que tienen que asumir todos los países del mundo para frenar el
fenómeno del cambio climático, que tendrá como epicentro París en
diciembre próximo, sede de la COP21.
Aprovechemos este contexto para repensar
en nuestro país. Haciendo el ejercicio nos encontramos con la siguiente
realidad: Por un lado, la existencia de alrededor de 77 proyectos de
centrales hidroeléctricas distribuidas en toda la cuenca amazónica, los
cuales se encuentran en operación, en construcción o inventariados.
Estos proyectos significan el corte de agua y nutrientes de los
principales ríos de la cuenca. Por el otro lado, el 84% de esa misma
Amazonía está concesionada para la exploración y explotación de
hidrocarburos. Dentro de este magno lienzo el Ministerio de Energía y
Minas nos termina de pintar el cuadro presentándonos que más del 20% del
1.2 millones de km2 de nuestro territorio nacional está concesionado
para actividades mineras en costa, sierra y selva superpuesto a áreas
naturales protegidas, pueblos indígenas, comunidades y hasta ciudades.
Esto, para algunos, no sería tan
preocupante si contáramos con estándares ambientales altos en continua
mejora e implementación. O si tuviéramos un gobierno que haga de la
campaña “Pon de tu parte”, que inició el Ministerio de Ambiente el año
pasado, una consigna que garantice la tranquilidad de la sociedad y su
ambiente antes que optar por la “facilitación de las inversiones” o
mejor dicho del lucro de grandes transnacionales. Sin embargo, todo
indica que es exactamente al revés.
Los últimos meses se han aprobado, con
la excusa de frenar la desaceleración económica, una serie de “paquetes”
normativos que no hacen más que reducir considerablemente los
estándares ambientales, las capacidades fiscalizadoras, y el rol rector
del MINAM en la gestión del ambiente. Todo esto para priorizar la
promoción de las inversiones, como si estas no se hubiesen retraído por
la dinámica internacional de venta de minerales, sino, por algún exceso
de esa “tramitología” con la que los medios de comunicación denominan a
los estándares de protección ambiental y social. El problema se pone
color de hormiga, ya que esto no parece terminar y se va convirtiendo en
un modus operandi del gobierno actual para incentivar las inversiones a
favor de la privatización de la tierra, agua, entorno y vida de
nuestros pueblos.
En el Día de la Tierra, creado para
reflexionar y tomar conciencia sobre nuestro entorno, deberíamos
analizar y darnos cuenta que aquello que durante años se ha intentado
denominar como “conflictos socioambientales” no son otra cosa que luchas
de nuestros pueblos en defensa de nuestros territorios y para
conservarla integridad de los mismos frente a “inversiones” (ese gran
dogma incuestionable), que tienen como objetivo generar crecimiento
económico para mejorar la calidad de vida de la población a pesar de que
terminen poniendo de cabeza (o “invirtiendo”) sus históricas relaciones
con el entorno y la sociedad.
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