Una apuesta por la desmovilización*

Es curioso como algunas palabras llegan hasta nosotros desde la antigüedad y como la coyuntura societal puede contrastarse con ideas y principios tan antiguos como los mismos cimientos de nuestra civilización.

El termino idiota o idiōtēs era usado por los griegos no con la acepción de nuestros días, desprovista de toda carga social, sino mas bien para denominar a las personas o individuos que no se interesaban por la vida pública, que se ensimismaban en su vida privada alejándose o siendo indiferentes a todo tipo de participación de la polis griega y por lo tanto rechazando sus derechos ciudadanos de intervenir en la vida comunitaria(1). En ese tiempo antiguo ya el idiota era un término bastante peyorativo pero con el pasar de los años parece que se ha subvertido el significado real de la palabra que nos reclamaba la reivindicación del espacio ganado por cada persona en la vida pública de su correspondiente sociedad.

En la política peruana contemporánea parece reactualizarse el término en su sentido ‘primitivo’ y, tal vez, más correcto de entenderlo. Pero en lugar de ser rechazada la indiferencia parecería que tanto el gobierno central, así como muchos gobiernos locales esparcidos en todo el territorio nacional se preocupan más en lo que podríamos denominar como un ‘llamamiento a la idiotez’ o un llamado al alejamiento de la vida pública.

En el Perú, que vive su segundo gobierno aprista, podemos empezar a sentir un retroceso gradual y continuo, a los mecanismos ganados -luego y durante la dictadura fujimorista- en términos de participación. El actual endurecimiento del gobierno frente a las movilizaciones en todo el país, la ilegalización de las huelgas de sectores entre los que se encuentran salud y educación(2), el ataque e intento de intervención de los sindicatos que empezó con la confrontación al Sindicato Único de la Trabajadores en la Educación del Perú-SUTEP, fue un claro indicador de lo que se veía venir.

La actual gestión se ha dedicado en los últimos meses a emitir de manera sutil, a veces, y en otra claramente directo, mensajes, declaraciones y normas a la ciudadanía para que se desmovilice y trabaje tranquilamente a favor de la ‘inversión privada y el desarrollo económico’ del país, aludiendo que todo aquel que se niegue a esto atenta contra la nación en su conjunto.

Esto ocurrió, por ejemplo, frente al anuncio de la consulta pública vecinal que plantearon meses atrás los distritos de Ayabaca, Paicapampa y El Carmen de la Frontera, en Piura, ante el intento de la minera Majaz de empezar a explotar las tierras sobre las cuales estaban asentadas sus casas y su historia. Con el subsiguiente rechazo del Jurado Nacional de Elecciones-JNE que negó su validez y ante un presidente de la república que salio como defensor, enarbolando la bandera de la minera y el capital extranjero por encima de los principales afectados y en un país que tiene en La Oroya al quinto lugar mas contaminado de la tierra a solo cuatro lugares del desastre nuclear de Chernobyl, cabe hacerse la pregunta de cual es la tolerancia real del Estado a la participación ciudadana.

Por otro lado, esta el lanzamiento del Decreto Legislativo Nº 982 – que quita responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas y policiales que ‘en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de forma reglamentaria, cause lesiones o muerte’ - el intento de postergar los procesos de revocatorias a alcaldes, la minimización de la participación en las normas que rigen estos mecanismos y lo que es quizá lo peor: el intento de desfiguración del proceso de descentralización del Estado peruano.

Esto ultimo es lo que el gobierno parece esforzarse en hacer pasar a la descentralización como un proceso puramente administrativo y de transferencias de dinero, funciones y competencias de un nivel a otro del Estado; tratando de eliminar el tema de fondo, que consiste en que la descentralización es un traslado (o devolución) de la toma de decisiones del nivel central del Estado a uno inferior, de su periferia, mas cercano a la ciudadanía, con el fin de que ella participe y se vea mas inmersa en la solución de sus propios problemas. La descentralización sin participación ciudadana, por lo tanto, no tiene sentido.

En general habría que iniciar el debate con el análisis de la normatividad que ampara la participación y dentro de esta, en particular, la ley 26300 que es el eje sobre el cual se mueve el tema dentro del Estado peruano.

El problema en este caso es que la ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Nº 26300, como documento inicial, resulta únicamente una pincelada a la realidad de la participación y en sus 47 artículos pareciendo mas un instrumento de gestión de iniciativas y reclamos ante el JNE, que un facilitador de nuevas experiencias y propuestas creativas desde la sociedad civil organizada. Dicha ley no ha incorporado -hasta ahora- la gran cantidad de variaciones en los procesos participativos surgidos con el inicio y desarrollo de la descentralización. Sin embargo su existencia misma es un precedente que es necesario revisar y reconstruir para trabajar sobre ella hacia su perfeccionamiento.

Todo esto pasaría necesariamente por establecer una tipología de la participación que sea reconocida por el Estado e institucionalizar la gestión de los mecanismos existentes, así como las formas que aperturen nuevos mecanismos y formas de expresión de la ciudadanía.

Con todo esto a veces pareciera que la clase política solo desea que la población participe en las elecciones y delegue en ella todas sus facultades que tiene de continuar interviniendo en la vida pública del país; como si fuesen elegidas toda una suerte de dictaduras de cinco años. Esto ya lo podemos apreciar aquellas discusiones sobre la nueva Ley de Participación y Control Ciudadano en el Congreso de la República por el año 2004 con expresiones como ‘la participación es una exageración de la democracia’. Ideas estas que se hace mucho mas intensas en Lima por ser el núcleo duro del centralismo.

Como diría Dany-Robert Dufour(3) en la ciudad capital de Lima parecería que nos encontramos ‘en esa extraña conjunción que ha hecho que nos convirtamos en un pueblo de únicos’. Indolentes frente a la sociedad civil organizada de la metrópoli, que por la magnitud de la ciudad están condenadas a ser una minúscula minoría, e indiferente frente a las luchas sociales del interior del territorio.

En este sentido, sostengo que la participación ciudadana se legitima a ella misma por su gente y por sus motivaciones y que la creatividad de sus formas trascienden por mucho las normas y al Estado mismo, siendo el deber de este último el velar por responder de manera efectiva al espíritu de su participación.

El sufragio no es la expresión máxima y ultima de la participación ciudadana de un pueblo, sino es la ventana que les invita a explorar mejores maneras de intervenir en la toma de decisiones que afectan su destino y su capacidad de construir su propia historia a mano y sin permiso.

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* El Presente articulo fue publicado en el boletín virtual Alerta Perú 29 - el 25 de enero del 2008 y se puede leer en http://www.psf.org.pe/modules/AMS/article.php?storyid=134
(1)Giovanni Sartori. Teoria de la Democracia Tomo II. Alianza Editorial. Madrid.1988
(2)El 26 de junio del 2007 el despacho del Ministro de Salud Carlos Vallejo Sologuren declaró ilegal la huelga que sostenia el sector salud, particularmente en zonas de friaje. El 5 de julio del 2007 la Resolución Ministerial Nº 0329-2007 del Ministerio de Educación declara ilegal la huelga nacional indefinida convocada por el SUTEP. El 26 de noviembre del 2007 mediante el Expediente Nº 002462 (Paralización)-2007-MTPE/2/12.720 el Ministerio de Trabajo declara ilegal huelga portuaria.
(3)Dany-Robert Dufour. Locura y Democracia, Ensayo sobre la forma unaria. Fondo de Cultura Económica. Mexico D.F.1996